No hay cambios en la ‘ley mordaza’ de España ya que los partidos no encuentran un terreno común para la reforma
Esta semana, el gobierno español intentó reformar las llamadas «leyes mordaza» del país, pero fracasó porque el gobernante Partido Socialista y su socio menor de coalición, Unidas Podemos, no pudieron asegurar el apoyo de otros partidos necesarios para hacer las reformas.
La Izquierda Republicana Catalana y EH Bildu anunciaron que votarían en contra de los cambios legislativos previstos si no incluían demandas como la prohibición del uso de balas de goma por parte de la policía.
Los socialistas y Unidas Podemos están en minoría en la Cámara Baja, lo que significa que necesitan el apoyo de otros grupos para aprobar la legislación.
El conservador Partido Popular (PP) aprobó en 2015 las «leyes mordaza», o verdaderas leyes de seguridad pública, para reprimir la libertad de expresión y protesta, en un momento en que el gobierno enfrentaba graves disturbios sociales en forma de protestas contra la austeridad. .
La ley establece que es ilegal que los ciudadanos tomen fotografías de agentes de policía en el ejercicio de sus funciones oficiales, mientras que la celebración de una manifestación cerca del parlamento u otros edificios gubernamentales conlleva una multa de hasta 600.000 euros.
También es contra la ley mostrar falta de respeto o desobediencia a los oficiales de policía.
Ya en 2021, el gobierno español propuso reformas legales por primera vez. Estos incluyen cambiar las reglas sobre cuándo y cómo los ciudadanos filman a los agentes del orden público, reducir las multas que se pueden imponer a los ciudadanos y reducir las sanciones para cualquier persona que cultive marihuana en casa.
Sin embargo, las partes no han podido ponerse de acuerdo sobre los cambios, por lo que se mantendrá la actual «ley mordaza», introducida por el PP en 2015.
El sindicato de la Guardia Nacional y otras asociaciones no tardaron en aplaudir la situación, habiendo organizado previamente protestas contra los cambios previstos.
Mientras tanto, ONG como Amnistía Internacional y Greenpeace emitieron declaraciones calificando los acontecimientos como «noticias terribles».
El PP también acogió con satisfacción la noticia y calificó el intento de reforma de la legislación como una «chapuza».
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